Carta de Presentación



Dr. Gonzalo X. Serrate, Director Ejecutivo del CEBAC

En los últimos años, el sistema judicial boliviano ha promovido importantes reformas con la idea de universalizar el Acceso a la Justicia para el conjunto de los ciudadanos y especialmente de los grupos más vulnerables.

Los fundamentos para estos cambios se basaron principalmente en el fortalecimiento e institucionalización del poder judicial buscando impactar en una oferta judicial más accesible, eficiente, eficaz, independiente y ligada a la defensa de los derechos, a través de la aplicación efectiva de la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, el impacto esperado no fue acompañado por reformas que respondan a la demanda de la sociedad civil en cuanto a su percepción de una justicia con problemas de sobrecarga, retardación, excesivo formalismo bajo un sistema escriturado y ritualista, falta de credibilidad en los juzgados públicos así como procesos largos y costosos. A las carencias tradicionales, se suman nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica, compleja y con índices crecientes de conflictos interpersonales.

Esta aseveración está demostrada por varios estudios que ayudan a entender la situación actual de los juzgados en Bolivia. Como resumen tenemos que el ingreso de causas en la Justicia Civil, Social y de Familia se elevó de 80.348 en 1995, a 123.007 para el año 2002; en Materia Penal, aumentaron de 15.273 en 1995 a 40.653 para el año 2002 (Poder Judicial, 2004:110), mientras que el número de juzgados en Materia Civil, Social y de Familia en ciudades capitales y El Alto tuvo un insuficiente crecimiento de 177 en 1995 a 220 en el año 2003 (Poder Judicial, 2004:105). Por su parte, el número de juzgados en Materia Penal subió de 85 a 182 en el mismo periodo (Poder Judicial, 2004:107); un proceso civil tarda, en promedio, 1780 días en tramitarse en primera y segunda instancia, es decir, casi cinco años sin contar el lapso adicional que habría que agregarle si sube a la Corte Suprema en casación; en 180 de los 314 municipios no existen juzgados (DPK-ECYT, 2002:30); el número promedio de causas por cada 100 habitantes era de 1.79 en 1995. Para el año 2001 fue de 2,45 conllevando un crecimiento anual del 5,4% (Justicia para Todos, 2003:15); el índice de congestión (0.9) establece que en promedio durante los últimos 7 años, el sistema ha acumulado un stock adicional del 10% de las causas que ingresan anualmente. Al 2001 las causas acumuladas por los juzgados de primera instancia ascendieron a un total de 95.202, lo que significa 160 causas pendientes por juzgado (DPK-ECYT, 2002:49); el número de causas resueltas y la tasa de rezago en los procesos penales es de1,9 casos sin resolver por cada caso resuelto, es decir 14.333 casos de un total de 30.335 para el 2003 (Bases para la Evaluación, 2005:37).

Para medir el impacto real de este retraso, se proyectó el número de casos pendientes de resolución en un período de 5 años para un juzgado penal típico operando bajo el NCPP y para un juzgado típico en lo Civil y Comercial operando bajo el actual CPC cuyos resultados demuestran que, ceteris paribus, el juzgado en materia penal promedio tendría dentro de 5 años más de 900 casos (casi cinco veces su volumen actual) mientras que el juzgado típico en lo Civil y Comercial tendría que confrontar alrededor de 3700 casos, casi cuatro veces su volumen actual.

Ante la imposibilidad de cubrir este rezago, la trascendental misión de administración de justicia pierde legitimidad, los órganos jurisdiccionales o no funcionan o lo hacen deficientemente, se desprestigian las instituciones y se crea una peligrosa situación de inseguridad.

Por lo tanto, la necesidad de encontrar formas más rápidas y efectivas de justicia resulta evidente, especialmente en aquellos campos en los que las personas requieren la solución de sus conflictos en forma rápida y oportuna.

Para este fin, se busca que la Justicia actúe con rapidez, calidad y eficacia, a través de métodos más modernos y procedimientos menos complicados; que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica y, en fin, que actúe como un verdadero Método de Solución de Controversias.

Es así que los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), como mecanismos típicos del ordenamiento jurídico privado, surgen por la autonomía de la voluntad de las partes, siendo su naturaleza eminentemente privada y contractual, buscando proveer a la sociedad de un servicio de justicia heterogénea. Ello significa que el deber que tiene todo Estado de tutelar los derechos amenazados de sus habitantes no se satisface con la sola organización de un Poder Judicial eficiente y transparente, sino que exige que se faciliten otros mecanismos de solución de controversias que pueden resultar, según la naturaleza del conflicto, más efectivos y menos costosos en términos económicos, rápidos en relación con el tiempo empleado en su solución, convenientes en cuanto frenen la recurrencia del conflicto y socialmente más valiosos toda vez que posibilitan y mejoran la relación futura entre las partes.

Últimamente, incluso se ha cuestionado el uso de la palabra alternativa por adecuada, puesto que en realidad estos modos diferentes de resolver los conflictos no son excluyentes respecto del sistema judicial, sino que los complementan, sumado a que en realidad fue el sistema judicial el que se constituyó en alternativo de los primitivos métodos de resolución.

Conscientes de las necesidades de las personas y las empresas de acceder a una justicia más humana y de los problemas que trae una sociedad cada vez más compleja, el Centro Boliviano de Arbitraje & Conciliación fue creado en fecha 19 de mayo de 2006, autorizado por el Ministerio de Justicia bajo matrícula 024/06, con la finalidad de ayudar a la descongestión del sistema judicial y contribuir a la construcción de una cultura de paz en nuestro país, promoviendo el diálogo como herramienta útil y eficaz en la solución de controversias que impliquen diferencias de carácter particular, mediante la institucionalización del Derecho Preventivo, la Conciliación, el Arbitraje y todo otro medio idóneo para la solución extrajudicial de controversias legalmente amparados en la Ley Nº 1770, de 10 de marzo de 1997, de Arbitraje y Conciliación y el Decreto Supremo Reglamentario Nº 28471, de 29 de noviembre de 2005.

Asimismo, el CEBAC, para una efectiva reivindicación de pretensiones, ofrece, adicionalmente, novedosos mecanismos aplicando distintos MASC a sectores específicos, a través del diseño de procedimientos especiales que, sin transgredir el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen las partes, puedan encontrar soluciones más rápidas y económicas a sus controversias, ofreciendo un adecuado procedimiento, tanto en materia conciliatoria como arbitral que cumpla plenamente los principios consagrados en la Ley Nº 1770 de Libertad, Flexibilidad, Privacidad, Idoneidad, Celeridad, Igualdad, Audiencia y Contradicción.

Dr. Gonzalo X. Serrate
Director Ejecutivo
CEBAC

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